El Lobbismo en República Dominicana

“El Lobbying en República Dominicana es una de las razones que evitaban la movilidad capital social”. Así lo estableció el escritor norteamericano Andrew Schrank un año después de la reforma constitucional del año 2002, refiriéndose a las cuestionables prácticas implementadas.

Concepto
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Debido a que las legislaciones pueden afectar o determinar en gran medida el comportamiento social, así como el funcionamiento del sector público, privado y organizaciones sin fines de lucro, es necesaria la participación de estos colectivos durante la construcción de leyes y toma de decisiones de beneficio general. Esta actividad conocida como “cabildeo”, “grupos de presión” o "lobby", para mediar entre las entidades públicas y los colectivos aludidos, requiere aptitudes de planificación estratégica, sociología, política, psicología, derecho y relaciones públicas.

Al comentar sobre las funciones y las aptitudes de un cabildero, David Redolí, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Comunicación Política (ACOP) de España, afirmó: “el lobby bien entendido busca la anticipación como factor clave para lograr resultados”, asegurando que es un error pensar que el cabildeo inicia cuando el proyecto de ley está sobre la mesa o la decisión a punto de tomarse.

Cabildeo dominicano en el exterior
Al gobierno dominicano, a finales de 2018, le fue destapada la contratación del cabildero Brian Ballard para “la asistencia en comunicación con (…) el gobierno estadounidense” a un costo superior a RD$ 60.7 millones*. Vinculándose en el entonces con la visita de Trump-hijo al país y la continuidad de un proyecto turístico de su organización en el país.

Previamente, en los años 2014 y 2015 se contrataron las empresas de lobby y relaciones públicas Squire Patton Boggs, MWW PR, Harbour Group International y Cambre Associates con el propósito de promover la marca país en Estados Unidos y Europa. Según el Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR) en Washington-DC, entre enero y agosto del 2014, el gobierno dominicano pagó unos RD$ 36.5 millones a la firma de cabilderos Steptoe & Johnson**, la cual era responsable de “la escritura de  textos” para comunicados de prensa, discursos y “argumentos”,  con una tarifa de 1,000 dólares por hora.

Incluso durante el régimen trujillista a finales de 1950, el historiador Alan Mcpherson registra la efectiva campaña de lobbismo realizada aprovechando el deterioro de las relaciones diplomáticas cubano-estadounidenses y la necesidad de azúcar del gobierno norteamericano, logrando hacer la venta a un precio conveniente para el país.

Cabildeo en RD
Contrario a cuando el cabildeo es hecho fuera del país, darle seguimiento a la actividad a nivel local es harto complicado
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En el informe de Oxfam “Democracias capturadas (2018)”, donde el cabildeo se considera uno de los once mecanismos tóxicos de los gobiernos latinoamericanos, la República Dominicana es liberada de este como un lastre imputándose otros problemas; mientras que en Perú y Chile, que tienen leyes que le regulan, fue identificado como un mal.

Sería inocente pensar en la inexistencia de prácticas antiéticas, sin la existencia de leyes que marquen los límites entre la corrupción y la tarea legítima de hacer llegar los puntos de vista de un sector. Casos como Tucanos y Odebrecht reflejan la necesidad de transparentar el oficio, hasta ahora velado por una espesa cortina de humo y un estereotipo negativo vinculado con el nominado “Hombre del Maletín” que hace referencia directa al tráfico de influencias y  cohecho.

Con todo, el cabildeo es indetenible en sociedades del mercado y democráticas. Por eso Claudio Weber Abramo, director ejecutivo de la ONG Transparencia Brasil y Carlos Alberto Zarattini, diputado federal en Brasil, recomiendan legislaciones que incluya: 1. Registro obligatorio, 2. Divulgación de agenda de personalidades públicas, 3. Identificación de los contratantes, 4. Declaración gastos de gestión declaración de intereses.”

A estas es posible agregar: la no discriminación de parte de las autoridades entre las distintas personas que realizan lobby, evitar el suministro de información privilegiada, así como la publicación de la remuneración de los cabilderos y un monto límite a los regalos que hacen a los funcionarios.

Estos parámetros dignificarían la actividad de cabildear,  motivaría las organizaciones a desarrollar estrategias creativas para la presentación de sus posiciones y consolidaría aun la transparencia de las instituciones. Por el contrario, los lobbistas  quedarían expuesto descripciones similares a la publicada por la periodista Emily Edson en 1869: “reptiles, arrastrándose entre los comités y el piso del Congreso”.

Motivación de leyes de cabildeo en América Latina
Normar el cabildeo en países como México, Chile, Brasil y Perú, fue consecuencia de diversos escándalos y artimañas que cuestionaban la legitimidad de los procesos gubernamentales, como la publicación de los precios de la consultora PriceWaterhouseCoopers en el 2014, que exigía US$ 1 millón por artículo modificado y US$70 mil por cada entrevista con un legislador mexicano; la diputada Mart Isasi en Chile fue sobornada en el 2014 por la empresa pesquera Corpesca con US$40.000; la facturación de más de US$18 millones anual por Alexandre Pires Santos y su equipo de 60 lobbistas en Brasília, así como las sobre facturaciones realizadas por Arthrur Teixeira en Brasil, las cuales paraban en los bolcillos de los funcionarios que le concedían sus contratos públicos a Alstom y Siemens.



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* La contratación de Brian Ballard fue de US$ 1.2 millones. La cifra dominicana colocada en pesos dominicanos fue calculada en febrero 2019.

** La contratación de Steptoe & Johnson fue de $US 820,543,000. La cifra colocada en pesos dominicanos fue calculada en mayo 2016.






Francisco Javier Ramos Núñez es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social Mención Relaciones Públicas. Fundador y escritor de Ramos Entendidos. 

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